Reflexiones jurídicas sobre el derecho a la felicidad y el bien común constitucional

La presente obra está dedicada al estudio de las principales políticas económicas de la Unión Europea. Permite al lector adentrarse en el conocimiento de la actividad de la Unión Europea, en concreto, en la actividad que la Unión Europea lleva a cabo en el ejercicio de las competencias que los Tratados de la Unión Europea le atribuyen para el desarrollo de sus políticas. La obra parte de considerar los objetivos que el Tratado de la Unión asigna a la Unión y de la consideración de las políticas como objetivo de la misma. Tras examinar las competencias de la Unión, la obra estudia ...

Tras la adaptación del Grado en Derecho a los presupuestos del Espacio Europeo en Educación Superior se ha puesto de manifiesto la necesidad de implantar actividades de carácter práctico en las que el alumno asuma un papel proactivo en el desarrollo de su propio proceso de aprendizaje. Paralelamente se ha modificado el rol del profesor, que ha dejado de ser un mero transmisor de conocimientos para pasar a convertirse en un agente dinamizador que ha de diseñar espacios de aprendizaje y ser guía del proceso de adquisición de conocimientos y habilidades del alumnado. Ello exige una...

"Verdaderamente el problema de la oralidad está, como veremos, tan estrechamente ligado con el de la instrucción probatoria, y en particular con el problema de la asunción y valoración de las pruebas no documentales, que su importancia se atenúa o desaparece, en principio en el procedimiento ejecutivo, como también en general en aquellos procedimientos en los cuales no haya necesidad de pruebas o basten las pruebas documentales Si el problema de la oralidad o escritura es, en realidad, un problema de coordinación y combinación de elementos escritos y orales en el desarrollo del...

Este libro está compuesto por una serie de trabajos que, de manera conjunta, proponen la necesidad de construir una Teoría de la Prueba judicial a partir de dos condiciones. En primer lugar, esta debe estar constituida desde los hechos y los problemas planteados por éstos, y no desde las normas, esto es, que no se limite a ver los problemas de prueba como problemas de interpretación de las normas jurídicas que regulen la actividad probatoria.