posición del Tribunal Supremo en el Estado autonómico. Seminario. Barcelona, 17 de mayo de 2007/La

En opinión de Elisa Pérez Vera, “la aceptación de una posible participación de los extranjeros en la administración local, mediante el ejercicio del derecho de voto en las elecciones municipales, supone una notable excepción a la regla de base y uno de los rasgos más internacionalistas de la Constitución de 1978”. (1982, 24; 1992,84). Teniendo presente la importancia del precepto, cabría preguntarse por qué se introdujo en la Constitución de 1978... El artículo 13.2 de la Constitución España dispone, en la redacción dada tras la reforma de 27 de agosto de 1992, que:...

El español jurídico es una continuación de El inglés jurídico y El inglés jurídico norteamericano, ambos publicados en Ariel y, como aquellos, va dirigido a especialistas de la traducción y la interpretación, ya sean estudiantes o profesionales. No es ni pretende ser un libro de Derecho español, sino un estudio del lenguaje jurídico español, en especial de los términos jurídicos y los conceptos que éstos encierran, analizado desde la perspectiva de dos filólogos con una amplia experiencia en el campo de la traducción jurídica. Éstos identifican, presentan e ilustran,...

Este libro contiene una propuesta revisionista de la concepción tradicional del orden público económico. Inspirada en una visión libertaria, la obra, no obstante, revisa objetivamente y con rigurosidad los alcances de dicha noción y propone aquella que mejor se aviene con la Nueva Carta Fundamental de 1980. Este primer tomo repasa con prolijidad las numerosas aristas que ofrecen dos garantías constitucionales que configuran el eje de este nuevo orden público económico: la libertad económica y la no discriminación arbitraria en materia económica.

Al igual que ocurre en los regímenes de responsabilidad Estatal internacional y SIDH, en donde se hace una distinción entre los hechos ilícitos internacionales y las violaciones a normas imperativas de derecho internacional —Ius cogens—, se plantea la posibilidad de aplicar en el régimen interno de responsabilidad estatal la aludida “responsabilidad internacional agravada”, en aquellos casos específicos de violaciones graves a derechos humanos, comoquiera que resulta necesario establecer la aludida distinción respecto de la imputación del daño al Estado en ese tipo de casos....