La provisión judicial de apoyos a personas con discapacidad

El procedimiento administrativo es una de las instituciones centrales del derecho administrativo, hasta el punto de que en nuestro ordenamiento jurídico no es imaginable una actuación jurídica formalizada de la administración que no venga precedida de la tramitación del procedimiento legalmente establecido. Esta obra ofrece una reflexión sobre tres puntos concretos en los que hay motivos para sostener que la legislación vigente ha descuidado la modernización del régimen jurídico del procedimiento administrativo: la determinación del ámbito de aplicación preceptiva de éste, las...

Las garantías son recurrentes en el tráfico empresarial, siendo una exigencia habitual en las transacciones financieras en la búsqueda permanente de la seguridad jurídica. No pueden obviarse ya las singularidades mercantiles que las distinguen en la práctica empresarial. En ocasiones encontramos incluso una respuesta legislativa a estas singulares especialidades. Los autores son abogados, profesores de Universidad, notarios y registradores.

Ante la aparición en la década de 1970 de las modernas técnicas de reproducción asistida, muy pronto en la generalidad de los países desarrollados se observó la necesidad de abordar su regulación, ante lo cual en 1988 se promulgó la primera ley sobre estas técnicas en España (y una de las primeras de nuestro entorno cultural y geográfico): la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción asistida. La Ley de 1988 experimentó una importante reforma en 2003, como consecuencia de los grandes avances científicos producidos en esta materia en los últimos años y...

La integración laboral está considerada el primer paso para una integración social satisfactoria. El Reglamento de la Ley de Extranjería (Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre) fija los mecanismos y requisitos para que los extranjeros puedan residir y trabajar en España legalmente. De hecho, esta normativa abrió un proceso de regularización especial de tres meses (entre el 7 de febrero y el 7 de mayo de 2005), destinado a los trabajadores irregulares que estaban en el país, tenían un contrato por un periodo mínimo de seis meses, llevaban al menos medio año viviendo en España...