El derecho de sufragio de los extranjeros

Por Gobierno Corporativo se alude a una nueva serie de deberes de los Consejos de Administración, fundamentalmente de las sociedades cotizadas. Su contenido, en España, se ha incorporado al Ordenamiento Jurídico de la mano, de las reformas legales de 2002 y 2003: (Ley Financiera y Ley de Transparencia), cuya expresión más evidente se encuentran el los nuevos apartados de la Ley de Sociedades Anónimas, y en la obligación por parte de éstas de presentar un Informe Anual de Buen Gobierno Corporativo como se establece en la Ley de Mercado de Valores. En este contexto en el que se discute...

Los cambios en los Planes de estudio, así como la variadísima oferta académica con que se encuentran los alumnos universitarios, han supuesto, para los estudiosos del Derecho, un nuevo desafío educativo: establecer con precisión los contenidos y la manera de transmitir el Derecho civil en los comienzos del nuevo siglo. Conjugando tiempo disponible con rigor científico, estas Instituciones tienen como misión alcanzar el objetivo señalado, analizando las instituciones civiles del Derecho español más acordes con la exigencia académica actual.

Este libro cuenta con una amplia información sobre temas como La tutela, derecho fundamental del ser humano, orígenes del daño a la persona. Profesor de Derecho Comparado y Sistemas Jurídicos del Mundo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miembro del Centro de Estudios sobre América Latina de la Alma Mater Studiorum – Universidad de Bolonia (Italia). Miembro del Comité Científico del Centro de Investigación en Derecho Privado Europeo de la Universidad Suor Orsola de Benincasa de Nápoles (Italia). Profesor Visitante de la Universidad Autónoma del Perú.

Este libro está compuesto por una serie de trabajos que, de manera conjunta, proponen la necesidad de construir una Teoría de la Prueba judicial a partir de dos condiciones. En primer lugar, esta debe estar constituida desde los hechos y los problemas planteados por éstos, y no desde las normas, esto es, que no se limite a ver los problemas de prueba como problemas de interpretación de las normas jurídicas que regulen la actividad probatoria.