Derecho para el deporte

La naturaleza pública de la disciplina deportiva española es una realidad indiscutida, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico. Las Federaciones deportivas imponen sus sanciones en calidad de agentes delegados de la Administración y no en el ejercicio de competencias propias, en virtud de una opción de los diferentes legisladores que pretendió, de una parte, proscribir la arbitrariedad e indefensión preconstitucionales, y de otra, dotar a los sujetos pasivos de los procedimientos disciplinarios deportivos de las garantías propias del Derecho Administrativo sancionador...

el año 2002 la Fundación Independiente empezó a analizar, estudiar y reflexionar sobre los horarios españoles, un año después se creó la Comisión Nacional para la Racionalización de Horarios y su Normalización con los demás Países de la Unión Europea. En abril del 2006 se constituyó la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles — ARHOE—, como órgano ejecutivo de la Comisión Nacional. ARHOE puso en marcha en su estructura el Observatorio de los Horarios Españoles. Se trata de una unidad de investigación cuyo primer objetivo es la elaboración de un...

¿El derecho y el proceso judicial son siempre capaces de resolver los conflictos? ¿Es posible una relación distinta entre ellos? Cuatro son las ideas generalmente aceptadas en torno a esto: (1) el derecho tiene como una de sus funciones más importantes el resolver los conflictos de los ciudadanos, (2) esta función se cumple a través del proceso judicial, (3) hay otros mecanismos que también cumplen la función de la resolución de conflictos (mediación, arbitraje, conciliación, etcétera) y (4) el derecho usa estos métodos para conflictos de baja intensidad con el objetivo de...

Cuando se acaban de cumplir treinta años de la aprobación de la Ley 13/1983, de 24 de octubre, por la que se reformó el Código civil en materia de tutela, nuestro sistema jurídico parece llamado a experimentar un profundo cambio para adaptarse a los postulados de la Convención de Naciones Unidas de los derechos de las personas con discapacidad. La Ley 26/2011 ha modificado numerosas normas del ordenamiento con vistas a dicha adaptación, pero no ha abordado los aspectos jurídico-privados. Queda por tanto pendiente esta tarea del legislador, que ha de tener presentes las directrices de...