Alternativas jurídicas al tratamiento penal de la delincuencia habitual

El darwinismo social, como doctrina está conduciendo y orientando comportamientos sociales y económicos, de tal forma que ha convertido las palabras competencia y competitividad en fetiches y paradigmas En los albores del Tercer Milenio, en un mundo gobernado por de las leyes del mercado que impone el esquema capitalista, la Economía Social pervive como una alternativa que trata de superar los efectos más negativos de ese sistema. En la cooperativa, la competitividad sigue siendo un principio básico pero, junto a ésta, figuran otros como la solidaridad, el compromiso de las personas, el ...

La presente obra nace con la pretensión de ofrecer un estudio genérico de las principales relaciones que median entre la Informática y el Derecho, sin renunciar, en algunas ocasiones, a realizar una mayor profundización en el análisis. Se abordarán cuestiones relacionadas con Internet, la Sociedad de la Información, el comercio electrónico, la contratación desde Internet, las firmas electrónicas, los documentos electrónicos y su valor probatorio, los códigos deontológicos o de conducta, la protección de los datos personales, la protección jurídica del software y otras...

La libertad de expresión es un derecho individual, a la par que una garantía del Estado de Derecho, pluralista y democrático. Desde la perspectiva del derecho internacional, las sanciones penales al ejercicio de la libertad de expresión se analizan como restricciones de su ejercicio. La interpretación de tales limitaciones por los órganos y tribunales de derechos humanos delimitan el margen de apreciación de la actividad punitiva del Estado. En la sociedad contemporánea, nos movemos entre supuestos de ejercicio abusivo por parte del Estado (censura, persecución política, dictados...

Cuando se acaban de cumplir treinta años de la aprobación de la Ley 13/1983, de 24 de octubre, por la que se reformó el Código civil en materia de tutela, nuestro sistema jurídico parece llamado a experimentar un profundo cambio para adaptarse a los postulados de la Convención de Naciones Unidas de los derechos de las personas con discapacidad. La Ley 26/2011 ha modificado numerosas normas del ordenamiento con vistas a dicha adaptación, pero no ha abordado los aspectos jurídico-privados. Queda por tanto pendiente esta tarea del legislador, que ha de tener presentes las directrices de...