Manual de Seguridad Social

La aparición del contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado o CPP en el ordenamiento jurídico español en el año 2007 ha supuesto una revolución silenciosa en la forma de hacer de las Administraciones Públicas. Sin embargo, el inmenso potencial de este nuevo contrato no se ha visto desplegado en su totalidad por diferentes motivos que, en la mayoría de los casos, se escapan de una argumentación racional en toda regla. Descubriremos, pues, qué se esconde detrás de una figura jurídica tan desconocida como interesante y daremos algunas razones para situar al ...

La materia que aborda esta obra, esto es, el examen de los instrumentos del Derecho Penal moderno (penas, medidas de seguridad, consecuencias accesorias, etc.); el emplazamiento del mismo en el Derecho Público, y sus consecuencias ante el fenómeno de las actuales tendencias privatizadoras del sistema penal; la legitimación y funciones sociales del Derecho Penal; polémica sobre los fines reales y fines atribuidos al castigo; estructura lógica de la norma penal; límites formales y materiales del ius puniendi; Escuelas Penales; fuentes del Derecho Penal; interpretación de la ley penal;...

La mediación familiar es, sin duda, una de las que más desarrollo normativo y aceptación ha tenido en nuestro país, siendo las distintas CCAA las que han venido gestionándola a lo largo de los últimos años y de manera muy eficiente. Dicho esto, la mediación familiar puede definirse como un método autocompositivo de gestión y resolución de conflictos familiares, voluntariamente elegido por las partes, flexible, y en el que interviene un mediador, neutral e imparcial, que tiende a propiciar la comunicación y acuerdo de las partes, en un entorno de confidencialidad y de igualdad. En...

De todos es sabido que "más vale un mal acuerdo, que un buen juicio". Sin embargo, cuando las cosas se tuercen, a menudo no queda más remedio que acudir a los tribunales. Podemos definir los recursos como medios de protección al alcance de los ciudadanos para impugnar los actos y hechos judiciales o administrativos, que considere ilegítimos o no conformes con la Ley para defender sus derechos. Hemos de distinguir dos clases de recursos: los recursos judiciales (penales y civiles) y los recursos administrativos.