La generación del estado de sitio

En esta obra la autora aborda la fórmula que, en el contexto de las transformaciones del Estado bajo signo liberalizador y de su crisis fiscal (agravada por la crisis económica internacional que venimos padeciendo), se califica de novedosa y prometedora para asegurar la continuidad de la acción pública de configuración de las condiciones de vida económico-sociales. Y lo hace, partiendo -en un plano general- de sus orígenes y desarrollo inmediatos y ponderando críticamente las ventajas y los inconvenientes, así como los riesgos que conlleva, para, seguidamente, acometer un estudio...

Esta obra de Ricardo Gómez Rivero, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad Miguel Hernández de Elche, es absolutamente novedosa en la bibliografía especializada. Cuando el 9 de marzo de 1820, Fernando VII jura la Constitución de Cádiz obligado por los acontecimientos de Cabezas de San Juan, se retoma el proceso de instalación de ayuntamientos, que debía producirse obligatoriamente en poblaciones de más de 1.000 habitantes, y otras menores siempre que reunieran determinados requisitos legales, asunto ya ensayado en plena Guerra de la Independencia...

La evaluación ambiental de planes y programas se concibe como un instrumento para la toma de decisiones, adoptando la forma de un procedimiento dirigido a integrar las consideraciones medioambientales en los niveles elevados de la planificación. En general, hay un mayoritario consenso en torno a concebir la evaluación ambiental de los planes y programas como algo mucho más allá de la mera elaboración de un informe de sostenibilidad ambiental. El acento se pone en el término “procedimiento” participativo y transparente, previo a la toma de decisiones, al objeto de facilitar la...

El derecho de tutela judicial efectiva que reconoce el artículo 24 de la Constitución no se reduce a la simple posibilidad de acceder a los Tribunales, sino que se traduce en una sentencia o resolución que dé respuesta a todas las cuestiones planteadas en el recurso o reclamación interpuesta. Es decir, a que la resolución o sentencia sea congruente con las pretensiones del reclamante.