Ius Anticorruptionis Commune Latinoamericanum desde un enfoque basado en derechos humanos

La presente monografía trata de manera pormenorizada la figura de las sociedades mercantiles de capital mixto (público-privado) en el ámbito urbanístico. La polémica figura de la colaboración público-privada institucionalizada en este ámbito, no ha tenido, en España, una aceptación unánime tanto por los promotores de obra pública, como por los constructores y, en definitiva, por los socios privados, siendo ellos el principal apoyo financiero que deben tener las sociedades de económica mixta. Sin embargo, la presente monografía señala que, después de una grave crisis...

La evaluación ambiental de planes y programas se concibe como un instrumento para la toma de decisiones, adoptando la forma de un procedimiento dirigido a integrar las consideraciones medioambientales en los niveles elevados de la planificación. En general, hay un mayoritario consenso en torno a concebir la evaluación ambiental de los planes y programas como algo mucho más allá de la mera elaboración de un informe de sostenibilidad ambiental. El acento se pone en el término “procedimiento” participativo y transparente, previo a la toma de decisiones, al objeto de facilitar la...

Las garantías son recurrentes en el tráfico empresarial, siendo una exigencia habitual en las transacciones financieras en la búsqueda permanente de la seguridad jurídica. No pueden obviarse ya las singularidades mercantiles que las distinguen en la práctica empresarial. En ocasiones encontramos incluso una respuesta legislativa a estas singulares especialidades. Los autores son abogados, profesores de Universidad, notarios y registradores.

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.Con la actualización de cifras establecida por Orden HFP/1298/2017, de 26 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2018.