El derecho penal argentino en la historia

En una perspectiva material, objetiva, esta obra es un comentario sistemático, artículo por artículo sustancialmente, de la Ley (española, estatal) de Suelo y Rehabilitación Urbana (LSRU) de 2015, principalmente el fruto del ensamblaje de dos operaciones legislativas de distintos alcance, significado y pretensiones. En un orden ya más personal, esta obra viene a coincidir con el trigésimo aniversario de la primera colectiva de mi responsabilidad en la materia, el Sistema urbanístico español, curiosamente publicado en una editorial -Paraninfo- luego integrada en el mismo grupo en el...

El objetivo de este trabajo es conocer el alcance real y efectivo del principio de desarrollo urbano sostenible en España, y si el mismo se ha convertido en un urbanismo para una nueva ciudad. Un modelo urbano distinto y mejor que los anteriores, interiorizado por la práctica profesional, los agentes sociales, las administraciones, y la jurisprudencia. La irrupción de la sostenibilidad como nuevo principio central de nuestro urbanismo, viene a sustituir ese modelo expansivo caracterizado por las bajas densidades, la movilidad motorizada individual, la zonificación, o el mito de la...

La expresión “objeción de conciencia institucional” resulta problemática por ser la conciencia un atributo de la persona individual, no de las instituciones. El asunto no es si la institución tiene o no conciencia, sino cuáles son sus derechos en relación con las libertades de pensamiento, de conciencia y de religión. Para el autor, la extensión a las personas jurídicas del reconocimiento de derechos que, en principio, pertenecen a la persona, como el derecho al buen nombre y a la libertad religiosa, entre otros, es un ejercicio típico de extensión analógica, usado sin...

De todos es sabido que "más vale un mal acuerdo, que un buen juicio". Sin embargo, cuando las cosas se tuercen, a menudo no queda más remedio que acudir a los tribunales. Podemos definir los recursos como medios de protección al alcance de los ciudadanos para impugnar los actos y hechos judiciales o administrativos, que considere ilegítimos o no conformes con la Ley para defender sus derechos. Hemos de distinguir dos clases de recursos: los recursos judiciales (penales y civiles) y los recursos administrativos.