Derecho político español.Según la Constitución de 1978

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo refleja la preocupación esencial del legislador por la modernización de la gestión administrativa bajo los parámetros de la Constitución de 1991 y las tendencias recientes del derecho administrativo. Esta segunda edición del Código integra las modificaciones legislativas y la actualidad jurisprudencial que, junto con la práctica, han permitido ampliar, precisar y remodelar los comentarios a cargo de 30 expertos en la materia.

El presente volumen reúne las Primeras constituciones latinoamericanas promulgadas a lo largo del siglo XIX, en su mayoría con el propósito de declarar la Independencia nacional o el inicio de una Guerra anticolonial. Sucesivamente diversos territorios del Continente Americano se emanciparon de Francia, España y Portugal y lo reflejaron en estos textos. También unos tras otros defendieron diferentes modelos de gobierno: el imperio, en el caso de Haití, y la república, en la mayoría de los casos. Estos textos son imprescindibles para entender cómo se configuraron los actuales países...

Desde hace varias décadas, los actos de vandalismo ejecutados por estudiantes de las universidades públicas, como mecanismo de protesta contra el gobierno de turno, ha sido una práctica común, que se fortalece como consecuencia de los límites que enmarcan el ejercicio de fuerza por parte del Estado; cuando tiene ocurrencia la manifestación violenta, contraria a la protesta pacífica protegida constitucionalmente, acontecen daños tanto en bienes públicos como privados, dejando a ciudadanos ajenos a la protesta siendo víctimas de daños en su patrimonio, afectaciones que no tienen la...

La integración laboral está considerada el primer paso para una integración social satisfactoria. El Reglamento de la Ley de Extranjería (Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre) fija los mecanismos y requisitos para que los extranjeros puedan residir y trabajar en España legalmente. De hecho, esta normativa abrió un proceso de regularización especial de tres meses (entre el 7 de febrero y el 7 de mayo de 2005), destinado a los trabajadores irregulares que estaban en el país, tenían un contrato por un periodo mínimo de seis meses, llevaban al menos medio año viviendo en España...