Derecho administrativo y teoría del Derecho

La Constitución Política de Colombia es la ley suprema de los colombianos. Como ley de leyes establece los derechos y deberes de los ciudadanos y define la organización del Estado. Su última versión fue expedida en 1991 por una Asamblea Nacional Constituyente conformada por 70 miembros elegidos por voto popular durante la presidencia de César Gaviria Trujillo. Está compuesta por un preámbulo, 13 títulos, 380 artículos y 67 artículos transitorios que regulan los derechos y deberes de los ciudadanos (principios fundamentales; derechos, garantías y deberes; habitantes y territorio;...

Esta monografía aporta un nuevo punto de vista jurídico-financiero sobre sostenibilidad en la actual era digital, tomando como ejemplo diversas situaciones que se producen en el ámbito de actuación territorial de nuestra investigación. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, el 25 de septiembre de 2015, el documento final de la cumbre de las Naciones Unidas: "Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible" . La Agenda 2030, como se recoge en el propio preámbulo de la Resolución, es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la...

Es común en la sociedad sentir que los funcionarios son inaccesibles, que los escritos del Estado son confusos y que los trámites son innecesariamente complejos. De igual forma, la eficiencia de las entidades se ve afectada por no saber comunicarse con los usuarios. Ante esta situación, organizaciones provenientes de la academia y los sectores público y privado crearon la Red de Lenguaje Claro de Colombia con el objetivo de contribuir a hacer realidad el presupuesto jurídico y político del derecho a comprender. Este libro es uno de los productos de la Red. Recoge discusiones teóricas,...

Esta obra presenta una síntesis de la evolución histórica del principio de la buena fe y confronta los deberes éticos ínsitos en el ámbito de la adquisición de vivienda por licitación pública o remate en Colombia. Se plantea la tesis de que los terceros adquirentes en procesos judiciales han actuado de buena fe con la confianza que les inspira la adjudicación efectuada por un funcionario del Estado. Por ello, mal pueden sufrir consecuencias a posteriori, que dan al traste con el legítimo derecho de propiedad de este tercero, perjudicado frente a la garantía constitucional otorgada ...