Criminología de la corrupción urbanística y la prevaricación funcionarial

En este estudio se analiza el acoso escolar y las graves consecuencias que está provocando a las víctimas de esta agresiva violencia en los centros educativos, que destruye la autoestima y la confianza de los menores acosados. En este trabajo de investigación también se aborda el acoso escolar pero utilizando la tecnología de la información y la comunicación, es el denominado ciberbullying, cometiéndose la agresión en formato electrónico a través de medios de comunicación como el correo electrónico, mensajes de texto a través de teléfonos móviles o dispositivos móviles o la...

En esta obra se recogen las aportaciones del Congreso que bajo el título Derecho Constitucional y Cultura se celebran en Granada en honor del profesor Peter Häberle.

La televisión en España nace el 28 de octubre de 1956. Desde entonces hasta 2014, el fenómeno televisivo en particular y el audiovisual en su conjunto han experimentado y viven importantes cambios en sus ingresos, en la tecnología para su difusión y en las infraestructuras que le dan soporte. También, como no podía ser ajeno a ello, la legislación del sector audiovisual ha vivido una intensa evolución en paralelo a los cambios sociales, políticos, tecnológicos y económicos de la sociedad española. Una de las señas de identidad que conformaban el marco jurídico del audiovisual...

La idea del diálogo judicial entre los diferentes tribunales internacionales y, más específicamente, de aquellos creados en el seno de los diversos procesos de integración, los que, a través de sus influencias recíprocas han ido construyendo un patrimonio judicial común. Precisamente, la idea de una gobernanza global es otra de los fundamentos en los que se asienta el presente análisis, entendiendo por tal la tendencia creciente a que los diversos órdenes judiciales internacionales y también internos confluyan en determinados aspectos, como son los principios de derecho comunitario, ...

El derecho de tutela judicial efectiva que reconoce el artículo 24 de la Constitución no se reduce a la simple posibilidad de acceder a los Tribunales, sino que se traduce en una sentencia o resolución que dé respuesta a todas las cuestiones planteadas en el recurso o reclamación interpuesta. Es decir, a que la resolución o sentencia sea congruente con las pretensiones del reclamante.