Las Cortes castellano-leonesas del siglo XV en sus documentos: El Registro o Libro de Cortes (1425-1502).

¿Cuál es el fundamento para que un juez nacional aplique tipos de penales y estructuras de imputación que, aunque reconocidos por el derecho internacional, no se encuentran expresamente incorporados en la ley penal Colombiana? La presente obra pretende dar respuesta a este interrogante, y con tal propósito aborda la relación entre el derecho penal internacional (DPI) y los ordenamientos punitivos nacionales, haciendo especial énfasis en los modelos de implementación y experiencias de incorporación del DPI. Una vez decantado este marco teórico, se emprenderá el análisis de sistemas...

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo refleja la preocupación esencial del legislador por la modernización de la gestión administrativa bajo los parámetros de la Constitución de 1991 y las tendencias recientes del derecho administrativo. Esta segunda edición del Código integra las modificaciones legislativas y la actualidad jurisprudencial que, junto con la práctica, han permitido ampliar, precisar y remodelar los comentarios a cargo de 30 expertos en la materia.

Desde su aparición —con caracteres de novedad estelar— en nuestro panorama procesal, el proceso monitorio se ha revelado como una herramienta de gran utilidad para la reclamación de deudas dinerarias. Pronto adquirió un auge espectacular, hasta ascender a los puestos más altos del ránking en las estadísticas de los procesos más utilizados en la práctica cotidiana de nuestros tribunales, circunstancia que pone de manifiesto, por sí misma, la importancia y trascendencia adquiridas por este procedimiento. Sin embargo, desde su instauración en nuestro sistema procesal, la...

El derecho administrativo hunde sus raíces en la Constitución. La Constitución del Estado social y democrático de derecho dispone que la administración pública sirve con objetividad el interés general y está sometida a la ley y al derecho. Por tanto, el , que tiene como fuente primera y principal a la Constitución, ha de proyectarse, en su función de ordenación racional de los asuntos públicos de acuerdo con la justicia, en el marco de los preceptos constitucionales que vertebran la organización y el cometido de los poderes públicos.Es una investigación jurídica del...