Las Cortes castellano-leonesas del siglo XV en sus documentos: El Registro o Libro de Cortes (1425-1502).

Múltiples y de antaño han sido las propuestas encaminadas a reformar el proceso ejecutivo, mas todas ellas han tenido que afrontar el hecho de que en éste se entroncan dos procedimientos que son de naturaleza diversa, lo que ha generado un desplazamiento hacia un tipo de proceso que ya no tiene como objeto único la ejecución, sino que también persigue la declaración del derecho. Adicionalmente, tales propuestas de cambio se han centrado en los aspectos normativos, dejando de lado —por lo menos en forma explícita— cualquier consideración acerca de la escuela de pensamiento más...

Para analizar adecuadamente un caso de elusión no basta con interpretar la ley tributaria presuntamente infringida, sino que también será indispensable determinar debidamente la naturaleza jurídica del acto o contrato y establecer si concurren los presupuestos que la norma exige para que se configure una hipótesis de abuso o de simulación. En la presente obra se analizan detenidamente los diversos aspectos de Derecho Privado de la Norma General Anti Elusión. El autor presenta un actualizado análisis de la doctrina y jurisprudencia nacional y extranjera más relevante en esta materia,...

Este libro recoge las ponencias y el debate subsiguiente del seminario "La posic ión del Tribunal Supremo en el Estado autonómico", organizado el 17 de mayo de 2 007 por el Instituto de Estudios Autonómicos. A lo largo de los capítulos se est udia la relación entre los diferentes Tribunales Superiores de Justicia y el Tri bunal Supremo y se analizan los respectivos papeles dentro del marco de la funci ón que la Constitución reserva al Tribunal Supremo en su artículo 123.1 y de la previsión que el artículo 152 hace de los Tribunales Superiores de Justicia.

En lo que va de la segunda edición al día de la publicación de la presente ha transcurrido corto tiempo. Empero, el mismo ha sido intenso en producción y propuestas sobre el Derecho Disciplinario, principalmente por parte del Consejo de Estado, pero también de a Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.