La acción popular: análisis evolutivo de algunas temáticas en los 20 años de vigencia de la Ley 472 de 1998

Esta obra de Ricardo Gómez Rivero, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad Miguel Hernández de Elche, es absolutamente novedosa en la bibliografía especializada. Cuando el 9 de marzo de 1820, Fernando VII jura la Constitución de Cádiz obligado por los acontecimientos de Cabezas de San Juan, se retoma el proceso de instalación de ayuntamientos, que debía producirse obligatoriamente en poblaciones de más de 1.000 habitantes, y otras menores siempre que reunieran determinados requisitos legales, asunto ya ensayado en plena Guerra de la Independencia...

La obra se divide en dos partes, en la primera de ellas se abordan los antecedentes historicos del actual sistema de justicia juvenil, asi como la perspectiva del Derecho comparado. A continuacion se analizan los aspectos sustantivos especificos del Derecho Penal aplicable a los menores infractores plasmados en la L.O. 5/2000 y sus modificaciones posteriores. En la segunda parte se analizan las medidas que se pueden aplicar a los menores infractores y el contenido de las mismas.

"Desde la imputación formulada se incorpora al proceso penal el objeto de la litis, donde la defensa podrá ejercer su facultad de contradicción, así como el juzgador de resolver desde el criterio de la exigencia. En efecto, el operador puede exigirle al fiscal que explique de manera clara y precisa los cargos que le han formulado al imputado en el marco de una audiencia de tutela de derechos. También, el juez puede exigir al Ministerio Público los elementos de convicción que sustentan el cuadro fáctico imputativo, por ejemplo, en la audiencia de prisión preventiva. Además, el...

De todos es sabido que "más vale un mal acuerdo, que un buen juicio". Sin embargo, cuando las cosas se tuercen, a menudo no queda más remedio que acudir a los tribunales. Podemos definir los recursos como medios de protección al alcance de los ciudadanos para impugnar los actos y hechos judiciales o administrativos, que considere ilegítimos o no conformes con la Ley para defender sus derechos. Hemos de distinguir dos clases de recursos: los recursos judiciales (penales y civiles) y los recursos administrativos.