Estado autonómico y poder judicial

El 5 de agosto de 2018 se cumplieron veinte años de la promulgación la Ley 472 de 1998, encargada de regular la acción popular y de grupo en Colombia. En lo que atañe a la acción popular, debe recordarse que es originaria del derecho romano y que fue incorporada a nuestro ordenamiento jurídico desde el siglo XIX por el Código Civil. Sin embargo, luego de expedirse la Constitución de 1991, sufrió una importante transformación al ser elevada a rango constitucional. Este hecho ha permitido que en las últimas dos décadas se hayan generado relevantes desarrollos, discusiones y...

El presente manuscrito es producto del proyecto de investigación Una discusión respecto al derecho a la felicidad, gestionado desde el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás (Bogotá). El concepto de felicidad es polisémico, porque en él coexisten una gama de significados y porque su signo y significante —como estructura del concepto mismo dentro de los múltiples contextos en los que se usa— pueden variar. Es decir, posee un carácter semántico y semiótico propio, al punto que al hacerlo extensible con el sustantivo derecho puede albergar un...

La presente monografía tiene por objeto el estudio de la tasación pericial contradictoria en todo lo que concierne a las cuestiones generales de su régimen jurídico y a los aspectos sustantivos propios de la referida institución, labor esta para la cual se ha efectuado el examen, detenido y detallado, del conjunto de las previsiones recogidas al respecto en los diversos Textos normativos —tanto estatales como autonómicos— vigentes en nuestro país relativos a dicha materia, así como el abundante acervo jurisprudencial que, en torno a la misma, han venido elaborando nuestros...

La integración laboral está considerada el primer paso para una integración social satisfactoria. El Reglamento de la Ley de Extranjería (Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre) fija los mecanismos y requisitos para que los extranjeros puedan residir y trabajar en España legalmente. De hecho, esta normativa abrió un proceso de regularización especial de tres meses (entre el 7 de febrero y el 7 de mayo de 2005), destinado a los trabajadores irregulares que estaban en el país, tenían un contrato por un periodo mínimo de seis meses, llevaban al menos medio año viviendo en España...