Estado autonómico y poder judicial

La obra COVID-19 y su circunstancia. Una visión jurídica plural de la pandemia, volumen V. Reflexiones comparadas, reúne un total de siete artículos y ocho autores/as, los cuales abordan y, por ende, nos permiten visualizar el impacto de la pandemia desde la perspectiva de diferentes países de Latinoamérica, tales como Argentina, Colombia, Panamá, Paraguay, Uruguay, así como Francia. De todos es sabido que el mundo jamás enfrentó una pandemia simultánea a nivel global como la que nos trajo el virus SARS-CoV-2. Y así es, ésta es una de las pautas que más caracteriza la situación ...

El procedimiento administrativo es una de las instituciones centrales del derecho administrativo, hasta el punto de que en nuestro ordenamiento jurídico no es imaginable una actuación jurídica formalizada de la administración que no venga precedida de la tramitación del procedimiento legalmente establecido. Esta obra ofrece una reflexión sobre tres puntos concretos en los que hay motivos para sostener que la legislación vigente ha descuidado la modernización del régimen jurídico del procedimiento administrativo: la determinación del ámbito de aplicación preceptiva de éste, las...

La protección de la situación de necesidad económica de los trabajadores -en el sentido amplio del término, incluyendo por tanto también a los autónomos y a los funcionarios públicos- es atendida actualmente a través del Sistema de Seguridad Social, mediante la concesión de la prestación correspondiente con ocasión del acaecimiento de la enfermedad, el accidente, el desempleo u otras circunstancias determinadas por el legislador estatal. Pero en la sociedad existen muchas otras formas de necesidad causadas por la carencia de empleo, ese mal endémico que padece nuestro país y que...

La integración laboral está considerada el primer paso para una integración social satisfactoria. El Reglamento de la Ley de Extranjería (Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre) fija los mecanismos y requisitos para que los extranjeros puedan residir y trabajar en España legalmente. De hecho, esta normativa abrió un proceso de regularización especial de tres meses (entre el 7 de febrero y el 7 de mayo de 2005), destinado a los trabajadores irregulares que estaban en el país, tenían un contrato por un periodo mínimo de seis meses, llevaban al menos medio año viviendo en España...