El trabajo como elemento de construcción de paz y democracia en el marco del posconflicto colombiano

El Código Civil establece que "los padres son responsables de los daños causados por los hijos que estén bajo su guarda" y que "los tutores lo son de los perjuicios causados por los menores o incapacitados que estén bajo su autoridad y habitan en su compañía". Y son los maestros, por otro lado, los responsables respecto a los perjuicios causados por sus alumnos o aprendices mientras permanezcan bajo su custodia. En teoría, padres, guardadores y tutores podrán eludir su responsabilidad si prueban que actuaron con la diligencia de un buen padre de familia en el cumplimiento de sus...

La expresión “objeción de conciencia institucional” resulta problemática por ser la conciencia un atributo de la persona individual, no de las instituciones. El asunto no es si la institución tiene o no conciencia, sino cuáles son sus derechos en relación con las libertades de pensamiento, de conciencia y de religión. Para el autor, la extensión a las personas jurídicas del reconocimiento de derechos que, en principio, pertenecen a la persona, como el derecho al buen nombre y a la libertad religiosa, entre otros, es un ejercicio típico de extensión analógica, usado sin...

Esta obra aborda la polémica cuestión del control judicial de la discrecionalidad técnica y pretende dar respuesta a los difíciles interrogantes que en la práctica plantea la existencia de un control de alcance diverso según el campo de actuación administrativa en que aparece la misma. El libro consta de dos partes. La primera se dedica al examen de la relación entre la discrecionalidad administrativa y las valoraciones técnicas. Se recogen las principales teorías sobre la naturaleza de las apreciaciones técnicas y se ofrece una respuesta al problema de si la Administración...

Este libro contiene una propuesta revisionista de la concepción tradicional del orden público económico. Inspirada en una visión libertaria, la obra, no obstante, revisa objetivamente y con rigurosidad los alcances de dicha noción y propone aquella que mejor se aviene con la Nueva Carta Fundamental de 1980. Este primer tomo repasa con prolijidad las numerosas aristas que ofrecen dos garantías constitucionales que configuran el eje de este nuevo orden público económico: la libertad económica y la no discriminación arbitraria en materia económica.