El razonamiento jurídico consecuencialista

La producción intelectual está creciendo y se ha expandido a una serie de actividades productivas, tales como la industria cinematográfica, las compañías de juegos de video, el desarrollo de software y tecnologías digitales, que anualmente producen millones de dólares en utilidades pero que también pierden sumas astronómicas, fruto de la violación de los derechos de autor. En este contexto, es válido preguntarse si los principios generales de responsabilidad civil aplicados a la propiedad común deben entenderse de igual manera en los derechos derivados de la propiedad intelectual, ...

Desde la creación del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE en 1960, los países de América Latina y el Caribe han recibido un desembolso neto de ayuda oficial al desarrollo (AOD) equivalente al 0,48% del PIB regional. Obviamente, de esta limitada cantidad de ayuda es difícil esperar un impacto formidable, pero invertida de manera estratégica puede constituir un apoyo relevante para las políticas de desarrollo de estos países. Además, la participación latinoamericana en el sistema de ayuda ha sufrido una reducción notable a lo largo del tiempo, no tanto por el progreso económico ...

La fácil disolubilidad del matrimonio en nuestro Derecho y la proliferación de las parejas no casadas conducen a que con alguna frecuencia, un nuevo cónyuge o compañero se avengan a reconocer como hijo propio al niño que no tiene previamente determinada su filiación paterna, y ello tiene como propósito el tratar de procurar cohesión y estabilidad a la familia. Pero si la nueva unión no resulta luego ser tan estable como se esperaba, no es extraño que el reconocedor trate de impugnar el reconocimiento que hizo, por la vía del artículo 141 del Código civil, o hasta la propia...

La obra que ahora se presenta al lector no es, ni mucho menos, fruto del azar, la improvisación o la casualidad. Ya hace dos años los coautores de este libro, todos ellos juristas -si bien de procedencia diversa (del mundo académico en su mayoría, pero también de la abogacía y la magistratura)-, constituyeron un grupo de trabajo que ha seguido, primero, las vicisitudes del malogrado Proyecto de ley estatal de mediación de 2010, de la IX Legislatura, y, después, las de la actualmente vigente Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, durante toda su...