El razonamiento jurídico consecuencialista

La obra fotográfica constituye una materia que tiene una extraordinaria importancia en nuestros días ya que afecta a amplios sectores de la sociedad: profesionales, empresas periodísticas, organismos públicos etc. El interés que suscita esta materia animó al área de Derecho civil del Departamento de Derecho privado de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en colaboración con ASEDA, a organizará unas Jornadas sobre Fotografías y Derechos de Autor. Este libro es pues el resultado de las ponencias que en dicho encuentro se presentaron, las cuales tuvieron como objetivo analizar...

¿Es posible que las personas enfrentadas por conductas delictivas puedan encontrarse y dialogar?, ¿con qué finalidad?, ¿quedan en entredicho las funciones preventivas del sistema penal?, ¿con qué herramientas trabaja la persona mediadora? Estas son las cuestiones, entre otras muchas, que aborda este libro. Algunas víctimas se acercan a los procesos restaurativos en la búsqueda de datos que completen la verdad del delito sufrido, también en la búsqueda de un reconocimiento. Quedan preguntas sin contestar a cuestiones humanamente esenciales, porque los hechos probados de la sentencia...

El deber de información país por país o IPP constituye una de las novedades más relevantes en el panorama de la imposición sobre sociedades a nivel internacional. Surgida en el contexto del Plan de Acción BEPS de la OCDE, esta medida pretendía desde el principio servir en la evaluación de resultados del sistema vigente del impuesto sobre sociedades y análogos, aplicados a aquellas entidades que conforman el llamado grupo multinacional. En este contexto, el trabajo se ha centrado en analizar los elementos normativos del deber IPP y su encaje en el marco normativo actual en nuestro...

De todos es sabido que "más vale un mal acuerdo, que un buen juicio". Sin embargo, cuando las cosas se tuercen, a menudo no queda más remedio que acudir a los tribunales. Podemos definir los recursos como medios de protección al alcance de los ciudadanos para impugnar los actos y hechos judiciales o administrativos, que considere ilegítimos o no conformes con la Ley para defender sus derechos. Hemos de distinguir dos clases de recursos: los recursos judiciales (penales y civiles) y los recursos administrativos.