El presupuesto en Colombia

Se reúnen aquí algunos de mis trabajos jurídicos sobre diferentes materias particularmente jurídico-penales. Pueden ser de interés no sólo en el ámbito doctrinal, sino también en el de las consecuencias prácticas que su configuración legal presenta. De un lado, se aportan informaciones y razonamientos que pueden mejorar las soluciones ya dadas, con mayor o menor acierto, en determinados supuestos. De otro, y quizás esto sea lo más importante, se abordan viejas cuestiones cuyas respuestas del siglo XIX han quedado totalmente obsoletas en nuestro tiempo. El autor confía en que la...

El fraude de inversores del artículo 282 bis CP, es un delito introducido por la L.O 5/2010, y que en los últimos años ha tenido un impacto mediático, social y jurídico de primera magnitud como lo ponen de relieve el “Caso Bankia”, el “Caso Gowex” y más recientemente el “Caso Banco Popular”. Esta monografía profundiza en los elementos típicos del delito realizando un estudio muy completo de la doctrina penalista y del mismo modo y al ser un delito penal en blanco de la Ley del Mercado de Valores en su adaptación al texto refundido actual de RD de 4/2015 del 23 de octubre. ...

Con esta obra sobre La prueba en los procesos constitucionales de la profesora Ana Giacomette Ferrer, distinguida procesalista colombiana, fundadora y actual Presidenta del Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional, se da inicio a la Coleccion sobre "Derecho Procesal Constitucional" del Centro de Estudios de Derecho Procesal Constitucional (CEDEPCO) de la Universidad Monteavila de Caracas, que edita la Editorial Juridica Venezolana. Se trata, por lo que respecta a la bibliografia editada en Venezuela, de la primera obra que aborda el tema de las pruebas ante la justicia...

La integración laboral está considerada el primer paso para una integración social satisfactoria. El Reglamento de la Ley de Extranjería (Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre) fija los mecanismos y requisitos para que los extranjeros puedan residir y trabajar en España legalmente. De hecho, esta normativa abrió un proceso de regularización especial de tres meses (entre el 7 de febrero y el 7 de mayo de 2005), destinado a los trabajadores irregulares que estaban en el país, tenían un contrato por un periodo mínimo de seis meses, llevaban al menos medio año viviendo en España...