Derecho básico de la Unión Europea

A la fenomenología criminal compete hacer factible que la Criminiología disponga del objeto material necesario para iniciar su contenido de esclarecer en lo posible, de forma rigurosa y persuasiva, el campo de la criminalidad. Esto explica la enorme relevancia que hay que atribuir a la Fenomenología Criminal como parte integrante de la Criminología científica. Esta función es imprescindible tanto para la Criminología en general como para cualquier Criminología específica. También, sin duda, para la llamada Criminología comparada, con intenso predicamento en la actualidad. Y con...

El libro, es una juiciosa y amplia compilación de aportes de trece destacados juristas sobre los retos que afronta actualmente la responsabilidad civil, penal y laboral. Los directores de la publicación, el Dr. Billy Escobar Pérez, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y la Dra. Mónica Lucía Fernández, docente de la Facultad, han organizado un minucioso documento que integra en un conjunto coherente, el aporte de prestigiosos expertos nacionales y extranjeros y las reflexiones de jóvenes docentes sobre el área de la responsabilidad.

En el entramado internacional de protección de los derechos humanos, la aprobación en 2008 por Naciones Unidas del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha supuesto un hito en el largo camino que se recorre hacia la equiparación de las distintas categorías de derechos humanos. Y es que finalmente, mediante dicho Protocolo, se reconoce formalmente a los derechos económicos, sociales y culturales un estatus de protección parejo al de que venían gozando desde hace tiempo los derechos civiles y políticos. Contribuye a la aludida...

Esta obra presenta una síntesis de la evolución histórica del principio de la buena fe y confronta los deberes éticos ínsitos en el ámbito de la adquisición de vivienda por licitación pública o remate en Colombia. Se plantea la tesis de que los terceros adquirentes en procesos judiciales han actuado de buena fe con la confianza que les inspira la adjudicación efectuada por un funcionario del Estado. Por ello, mal pueden sufrir consecuencias a posteriori, que dan al traste con el legítimo derecho de propiedad de este tercero, perjudicado frente a la garantía constitucional otorgada ...