DERECHO ADMINISTRATIVO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN TIEMPOS DE CRISIS

El derecho administrativo hunde sus raíces en la Constitución. La Constitución del Estado social y democrático de derecho dispone que la administración pública sirve con objetividad el interés general y está sometida a la ley y al derecho. Por tanto, el , que tiene como fuente primera y principal a la Constitución, ha de proyectarse, en su función de ordenación racional de los asuntos públicos de acuerdo con la justicia, en el marco de los preceptos constitucionales que vertebran la organización y el cometido de los poderes públicos.Es una investigación jurídica del...

La incorporación de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a los Derechos nacionales plantea importantes retos de carácter multidisciplinar y que afectan de forma decisiva a diversos ámbitos del Derecho público y también influyen en el proceso de formación de un Derecho administrativo global. Partiendo de la regulación internacional de la cooperación al desarrollo, el presente libro lleva a cabo un análisis jurídico-administrativo del Derecho de la Unión Europea, del Estado español (previsiones constitucionales y de la Ley 23/1998) y de las...

Esta obra es nada más y nada menos que una visión del problema de las sectas y los sectarios colocándolos bajo la lupa del Derecho penal. La gravedad del problema invita a verificar su aceptabilidad en los parámetros de lo prohibido y lo permitido penalmente. Es grande la infundada creencia de que el Derecho penal es una caja que guarda herramientas para resolver toda clase de problemas, y no sólo los de las sectas. Pero la realidad es que el Derecho penal, sometido al principio de intervención mínima y vinculado al orden constitucional y al respeto a los derechos y libertades...

Este libro está compuesto por una serie de trabajos que, de manera conjunta, proponen la necesidad de construir una Teoría de la Prueba judicial a partir de dos condiciones. En primer lugar, esta debe estar constituida desde los hechos y los problemas planteados por éstos, y no desde las normas, esto es, que no se limite a ver los problemas de prueba como problemas de interpretación de las normas jurídicas que regulen la actividad probatoria.

El deber de información país por país o IPP constituye una de las novedades más relevantes en el panorama de la imposición sobre sociedades a nivel internacional. Surgida en el contexto del Plan de Acción BEPS de la OCDE, esta medida pretendía desde el principio servir en la evaluación de resultados del sistema vigente del impuesto sobre sociedades y análogos, aplicados a aquellas entidades que conforman el llamado grupo multinacional. En este contexto, el trabajo se ha centrado en analizar los elementos normativos del deber IPP y su encaje en el marco normativo actual en nuestro...