Tratado de servidumbres

La utilización de un inmueble como vivienda exige no sólo la viabilidad material de éste, que posibilite un uso residencial, sino que requiere también que respete la legalidad urbanística, así como las normas de habitabilidad, seguridad y salubridad. El control del cumplimiento de estas normas corresponde a las Administraciones Públicas, a través del otorgamiento de las correspondientes licencias (de obras y de primera ocupación). El hecho de que un inmueble que pretende destinarse a un uso residencial no sea susceptible de obtener estas licencias administrativas determina la...

No es exagerado afirmar que el derecho de aguas adquirió vida propia respecto de las antiguas categorías del derecho administrativo, en particular la del dominio público, que hoy se muestra desueta y poco actual para responder a las necesidades de protección de los recursos hídricos, pero que se resiste a desaparecer. Parece que la ambientalización del derecho de aguas ha ido en detrimento de su demanialización. Sin embargo, no se puede negar la importante relación entre el derecho de aguas y el de los bienes públicos. Con este libro de investigación los miembros de la Red...

La regulación del sector eléctrico aparece condicionada tanto por el carácter de servicio esencial que presenta el suministro de electricidad como por una serie de peculiaridades físicas, técnicas y económicas propias de dicho suministro. Al no ser almacenable la energía eléctrica, las oscilaciones de la demanda de los consumidores deben ser atendidas en tiempo real, siendo precisa una adecuada coordinación del sistema para que pueda garantizarse el suministro de forma continuada. Asimismo, dicho suministro exige que los productores estén unidos a los consumidores a través de redes ...

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Por Gobierno Corporativo se alude a una nueva serie de deberes de los Consejos de Administración, fundamentalmente de las sociedades cotizadas. Su contenido, en España, se ha incorporado al Ordenamiento Jurídico de la mano, de las reformas legales de 2002 y 2003: (Ley Financiera y Ley de Transparencia), cuya expresión más evidente se encuentran el los nuevos apartados de la Ley de Sociedades Anónimas, y en la obligación por parte de éstas de presentar un Informe Anual de Buen Gobierno Corporativo como se establece en la Ley de Mercado de Valores. En este contexto en el que se discute...