Ocio saludable y construcción de ciudadanía

La protección del consumidor sobreendeudado constituye un asunto prioritario ante los continuos cambios económicos y sociales. Observando el tratamiento dispensado en el Derecho español —deficiente y bastante mejorable—, en ocasiones resulta necesario observar el Derecho comparado con la finalidad de vislumbrar soluciones más favorables para el deudor honesto y desafortunado. En esta ocasión, la mirada se centra en el llamado «Derecho de sobreendeudamiento» del sistema francés, con décadas de aplicación práctica y judicial. La presente obra analiza, de forma pormenorizada y...

La presente publicación analiza la legislación española en materia de videovigilancia móvil policial. Con todo ello se quiere facilitar al lector, y sobre todo a los diferentes miembros de las policías locales, una visión práctica del uso y porte de estos dispositivos de grabación llamados bodycam, ya que la normativa existente en la materia, además de contar con más de veinte años de existencia, no regula según el punto de vista propuesto, todos los supuestos que podrían estar actualmente autorizados para poder armonizar la realidad social con las necesidades policiales. En...

Una teoría del derecho satisfactoria debe ser al menos una teoría del derecho positivo, es decir, debe poder dar cuenta de la relación entre las normas jurídicas y los hechos sociales con los que se hallan vinculadas. Éste es justamente el objetivo general de este trabajo. A lo largo del mismo se examinan las condiciones de existencia de las normas jurídicas, en concreto, y del derecho positivo, en general. En los primeros dos capítulos se pone de relieve el carácter problemático que encierra tanto la pregunta acerca de la ontología de las normas jurídicas (si son entes abstractos...

La integración laboral está considerada el primer paso para una integración social satisfactoria. El Reglamento de la Ley de Extranjería (Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre) fija los mecanismos y requisitos para que los extranjeros puedan residir y trabajar en España legalmente. De hecho, esta normativa abrió un proceso de regularización especial de tres meses (entre el 7 de febrero y el 7 de mayo de 2005), destinado a los trabajadores irregulares que estaban en el país, tenían un contrato por un periodo mínimo de seis meses, llevaban al menos medio año viviendo en España...