Los patrimonios protegidos de personas con discapacidad: régimen civil y tributario

La Constitución española de 1869 se aprobó bajo el Gobierno Provisional de 1868-1871, formado tras la Revolución de 1868 que puso fin al reinado de Isabel II. Estuvo vigente durante el reinado de Amadeo I y, tras la proclamación de la Primera República Española, en febrero de 1873, solo quedó en vigor el Título I, que proclamaba las libertades y derechos fundamentales. Más tarde fue restablecida tras el golpe de Pavía que dio paso a la dictadura de Serrano. La Constitución española de 1869 fue abolida definitivamente tras el pronunciamiento de Martínez Campos en diciembre de...

Al igual que ocurre en los regímenes de responsabilidad Estatal internacional y SIDH, en donde se hace una distinción entre los hechos ilícitos internacionales y las violaciones a normas imperativas de derecho internacional —Ius cogens—, se plantea la posibilidad de aplicar en el régimen interno de responsabilidad estatal la aludida “responsabilidad internacional agravada”, en aquellos casos específicos de violaciones graves a derechos humanos, comoquiera que resulta necesario establecer la aludida distinción respecto de la imputación del daño al Estado en ese tipo de casos....

El legado jurídico de Roma no se sustenta sólo en el conjunto de normas que nos han transmitido las fuentes, sino también en la organización jurisdiccional y judicial que permitía su aplicación. En este libro se analiza cómo era entendida la iurisdictio en Roma, los problemas de competencia que surgían entre los diversos magistrados y jueces, y los criterios utilizados para su atribución. Domicilio, territorio, cuantía o materia del litigio determinarán los criterios competenciales de aplicación que, junto a estatutos personales privilegiados o el ius domus revocandi, son puestos...

Esta obra de Ricardo Gómez Rivero, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad Miguel Hernández de Elche, es absolutamente novedosa en la bibliografía especializada. Cuando el 9 de marzo de 1820, Fernando VII jura la Constitución de Cádiz obligado por los acontecimientos de Cabezas de San Juan, se retoma el proceso de instalación de ayuntamientos, que debía producirse obligatoriamente en poblaciones de más de 1.000 habitantes, y otras menores siempre que reunieran determinados requisitos legales, asunto ya ensayado en plena Guerra de la Independencia...