La responsabilidad del Estado por la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

A pesar de las muchas reformas constitucionales realizadas en América Latina en las últimas décadas, las constituciones lationamericanas han sido desatendidas por el pensamiento académico y político, que tampoco mostró mayor interés por la riquísima tradición constitucional que, a lo largo de doscientos años, se fue conformando en la región. En esta obra, Roberto Gargarella, uno de los más prestigiosos constitucionalistas de la actualidad, cubre ampliamente ese vacío con un minucioso estudio de la evolución de los textos fundamentales de las naciones latinoamericanas,...

Este libro del profesor Allan R. Brewer-carías, analiza la experiencia venezolana de convocatoria e instalación de una Asamblea Constituyente en 1999 que no estaba prevista ni regulada en la Constitución entonces vigente de 1961, lo que en definitiva fue una manifestación de populismo constitucional, cuyas lecciones deben conocerse para no repetirse, como lamentablemente ocurrió unos años después en Ecuador y en Bolivia, pues en la misma se violaron todos los principios más elementales del constitucionalismo moderno. En Venezuela, con ese proceso constituyente o de golpe constituyente ...

El constituyente de 1812 no duda en establecer un terminante imperativo constitucional para conminar a respetar el propio texto constitucional. El sujeto obligado es “la Nación” y el medio instrumental, el Derecho, las “leyes”. Este mismo artículo 4º de la Constitución de 1812 enunciaba algunos de los elementos jurídicos esenciales del Estado liberal de Derecho: libertad, propiedad, derechos individuales. En el presente estudio nos proponemos observar el contexto histórico político en que dicho imperativo legal se concreta por vez primera a través de la protección penal que...

Cuando se acaban de cumplir treinta años de la aprobación de la Ley 13/1983, de 24 de octubre, por la que se reformó el Código civil en materia de tutela, nuestro sistema jurídico parece llamado a experimentar un profundo cambio para adaptarse a los postulados de la Convención de Naciones Unidas de los derechos de las personas con discapacidad. La Ley 26/2011 ha modificado numerosas normas del ordenamiento con vistas a dicha adaptación, pero no ha abordado los aspectos jurídico-privados. Queda por tanto pendiente esta tarea del legislador, que ha de tener presentes las directrices de...