La responsabilidad del Estado por la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

Esta segunda edición de nuestro Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social para Titulaciones no Jurídicas, tras el éxito obtenido por la primera edición de esta obra, aporta una puesta al día de la cada vez más abundante normativa que en ambas materias se ha producido desde la primera edición del libro. En líneas generales, y siguiendo los consejos de los grandes maestros, la estructura es la misma que en la primera edición. Solamente debe darse noticia del desdoblamiento de un capítulo para recoger con la autonomía que merecen el conflicto y la negociación colectiva,del mismo...

La regulación del sector eléctrico aparece condicionada tanto por el carácter de servicio esencial que presenta el suministro de electricidad como por una serie de peculiaridades físicas, técnicas y económicas propias de dicho suministro. Al no ser almacenable la energía eléctrica, las oscilaciones de la demanda de los consumidores deben ser atendidas en tiempo real, siendo precisa una adecuada coordinación del sistema para que pueda garantizarse el suministro de forma continuada. Asimismo, dicho suministro exige que los productores estén unidos a los consumidores a través de redes ...

Este libro cuenta con una amplia información sobre temas como La tutela, derecho fundamental del ser humano, orígenes del daño a la persona. Profesor de Derecho Comparado y Sistemas Jurídicos del Mundo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miembro del Centro de Estudios sobre América Latina de la Alma Mater Studiorum – Universidad de Bolonia (Italia). Miembro del Comité Científico del Centro de Investigación en Derecho Privado Europeo de la Universidad Suor Orsola de Benincasa de Nápoles (Italia). Profesor Visitante de la Universidad Autónoma del Perú.

Esta obra de Ricardo Gómez Rivero, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad Miguel Hernández de Elche, es absolutamente novedosa en la bibliografía especializada. Cuando el 9 de marzo de 1820, Fernando VII jura la Constitución de Cádiz obligado por los acontecimientos de Cabezas de San Juan, se retoma el proceso de instalación de ayuntamientos, que debía producirse obligatoriamente en poblaciones de más de 1.000 habitantes, y otras menores siempre que reunieran determinados requisitos legales, asunto ya ensayado en plena Guerra de la Independencia...