Formar, comunicar y negociar. Aplicación a la Prevención de Riesgos Laborales

El presente trabajo se ocupa de la politización de la justicia y de la judicialización de la política, defectos que tienen su origen en el mismo diseño constitucional de 1991 y que parten de la concepción ingenua de que la política se vería beneficiada por la intervención de los jueces en materias tales como la elección de altos funcionarios del Estado, así como el juzgamiento penal y administrativo de los congresistas como sustituto de la inmunidad parlamentaria. Desde la óptica del derecho procesal, el trabajo ofrece un estudio de las incidencias de los principios...

En el contexto del estudio del derecho procesal civil colombiano, esta obra colectiva representa un elemento de consulta trascendental para entender la puesta en práctica del Código General del Proceso (L. 1564/2010). La entrada al conocimiento del derecho que se regula en las normas procesales no es un camino fácil para los estudiantes e interesados en aplicar dicho ordenamiento. Esta dificultad manifiesta es el eje que motivó la construcción de esta obra con la inclusión de propuestas metodológicas aterrizadas para los distintos temas, y atender las dificultades en el aprendizaje,...

«Es necesario crear un ámbito de racionalidad y de diálogo que, si bien no zanja del todo las diferencias, sí permite que se las pueda sobrellevar haciendo posible la cooperación.» En este breve ensayo, Carlos Peña busca explicar los temas y problemas más relevantes a la hora de pensar en una nueva constitución, uno de los desafíos nacionales clave que la clase política y la ciudadanía deberán resolver en el tiempo que viene. La importancia de los derechos sociales, la relevancia de la paridad de género, el reconocimiento a los pueblos originarios y la libertad de expresión son ...

Según la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión europea, de 11 de diciembre de 2014, España incumple las obligaciones derivadas de los arts. 49 y 258 TFUE, referidas a la libertad de establecimiento. Ello ha supuesto derogar, de forma demasiado rápida y radical, el régimen jurídico laboral de las SAGEP -Sociedades Anónimas de Gestión de los Estibadores Portuarios- y la relación laboral especial de los estibadores portuarios, regulación que quedaba contenida en el Texto Refundido de la Ley de Puertos aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. El RDL...