Contratación informática y telemática

El deber de información país por país o IPP constituye una de las novedades más relevantes en el panorama de la imposición sobre sociedades a nivel internacional. Surgida en el contexto del Plan de Acción BEPS de la OCDE, esta medida pretendía desde el principio servir en la evaluación de resultados del sistema vigente del impuesto sobre sociedades y análogos, aplicados a aquellas entidades que conforman el llamado grupo multinacional. En este contexto, el trabajo se ha centrado en analizar los elementos normativos del deber IPP y su encaje en el marco normativo actual en nuestro...

Esta obra aborda la polémica cuestión del control judicial de la discrecionalidad técnica y pretende dar respuesta a los difíciles interrogantes que en la práctica plantea la existencia de un control de alcance diverso según el campo de actuación administrativa en que aparece la misma. El libro consta de dos partes. La primera se dedica al examen de la relación entre la discrecionalidad administrativa y las valoraciones técnicas. Se recogen las principales teorías sobre la naturaleza de las apreciaciones técnicas y se ofrece una respuesta al problema de si la Administración...

Dentro del sistema legal de valoraci¢n de los da¤os personales (rectius, corporales) causados en accidente de circulaci¢n, la tabla IV, relativa a los factores de correcci¢n de la indemnizaci¢n b sica por lesiones permanentes, contiene una regla que corresponde al concreto da¤oso de la ?incapacidad permanente?. Es el tercero de los ocho factores de correcci¢n aumentativa que, acogidos en dicha tabla, responden a la finalidad de completar, en su caso, la indemnizaci¢n b sica que, resultado del juego combinado de las tablas VI (Baremo m‚dico de las lesiones permanentes y del prejuicio ...

Esta obra no pretende dar solución a todos los problemas surgidos en el seno de la Sociedad de Información, pero sí llamar la atención sobre aquellos que afectan a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Busca, además, mostrar que la solución depende en gran medida de todos y cada uno de sus miembros, que han de ejercer sus derechos sin olvidar que quienes tienen mayor responsabilidad en el buen uso de la Red son los poderes públicos. Sólo así lograremos construir una sociedad digital sensata y coherente. A lo largo de los cinco capítulos se apuntan las cuestiones de...