Abuso en el instrumento multilateral

La utilización de un inmueble como vivienda exige no sólo la viabilidad material de éste, que posibilite un uso residencial, sino que requiere también que respete la legalidad urbanística, así como las normas de habitabilidad, seguridad y salubridad. El control del cumplimiento de estas normas corresponde a las Administraciones Públicas, a través del otorgamiento de las correspondientes licencias (de obras y de primera ocupación). El hecho de que un inmueble que pretende destinarse a un uso residencial no sea susceptible de obtener estas licencias administrativas determina la...

La presente obra consta de dos tipos de contenidos: por una parte, se trata de una exposición metodológica sobre la naturaleza y el estatuto científico del Derecho constitucional, basada en la convicción de que los grandes problemas que hoy plantea la aplicación de esta disciplina científica están debidos a la falta de una correcta comprensión del significado y lugar del Derecho constitucional dentro del sistema de las ciencias. La aceptación como un dogma indiscutible de los presupuestos filosóficos y científicos del positivismo jurídico ha llevado, a mi juicio, a una situación...

LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO TITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES ARTICULO 1o.- La presente ley, fundada en el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, así como en la libertad de creencias religiosas, es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de asociaciones, agrupaciones religiosas, iglesias y culto público. Sus normas son de orden público y de observancia general en el territorio nacional. Las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes...

Este libro contiene una propuesta revisionista de la concepción tradicional del orden público económico. Inspirada en una visión libertaria, la obra, no obstante, revisa objetivamente y con rigurosidad los alcances de dicha noción y propone aquella que mejor se aviene con la Nueva Carta Fundamental de 1980. Este primer tomo repasa con prolijidad las numerosas aristas que ofrecen dos garantías constitucionales que configuran el eje de este nuevo orden público económico: la libertad económica y la no discriminación arbitraria en materia económica.