Seguridad jurídica y democracia en Iberoamérica

La organización de la oficina judicial en España ha sufrido pocas modificaciones desde su concepción histórica. Las modificaciones introducidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial en diciembre de 2003 suponen el primer hito de lo que debe ser una larga cadena de reformas que permita modernizar la función administrativa de la jurisdicción y proporcionar un marco más ágil y de servicio a los ciudadanos. La amplia transformación de la Oficina Judicial que deriva de aquella modificación tiene un alcance general que se centra no solo en la conformación de una organización diferente...

La Constitución española de 1869 se aprobó bajo el Gobierno Provisional de 1868-1871, formado tras la Revolución de 1868 que puso fin al reinado de Isabel II. Estuvo vigente durante el reinado de Amadeo I y, tras la proclamación de la Primera República Española, en febrero de 1873, solo quedó en vigor el Título I, que proclamaba las libertades y derechos fundamentales. Más tarde fue restablecida tras el golpe de Pavía que dio paso a la dictadura de Serrano. La Constitución española de 1869 fue abolida definitivamente tras el pronunciamiento de Martínez Campos en diciembre de...

Estudiar para una oposición requiere conocer la convocatoria, el temario, revisar exámenes anteriores y cumplir los requisitos. En época de crisis aumenta el número de personas que se presenta a una oposición. Si se consigue una plaza, los afortunados se asegurarán un empleo o, en otros casos, tendrán la opción de formar parte de una bolsa de trabajo a la cual las instituciones recurren para cubrir bajas o puestos con carácter temporal. Una de las claves del éxito es la preparación previa, ya que de ella dependerá en gran medida el resultado. Los cuatro aspectos fundamentales son: ...

Este libro contiene una propuesta revisionista de la concepción tradicional del orden público económico. Inspirada en una visión libertaria, la obra, no obstante, revisa objetivamente y con rigurosidad los alcances de dicha noción y propone aquella que mejor se aviene con la Nueva Carta Fundamental de 1980. Este primer tomo repasa con prolijidad las numerosas aristas que ofrecen dos garantías constitucionales que configuran el eje de este nuevo orden público económico: la libertad económica y la no discriminación arbitraria en materia económica.