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El deber de información país por país o IPP constituye una de las novedades más relevantes en el panorama de la imposición sobre sociedades a nivel internacional. Surgida en el contexto del Plan de Acción BEPS de la OCDE, esta medida pretendía desde el principio servir en la evaluación de resultados del sistema vigente del impuesto sobre sociedades y análogos, aplicados a aquellas entidades que conforman el llamado grupo multinacional. En este contexto, el trabajo se ha centrado en analizar los elementos normativos del deber IPP y su encaje en el marco normativo actual en nuestro...

El presente libro aborda el fenómeno de la «europeización» del Derecho Procesal una vez entrado en vigor el Tratado de Lisboa y teniendo en cuenta la influencia de la normativa dictada por parte de las instituciones europeas en el Derecho interno dentro del marco del proceso al igual que la práctica judicial derivada de la misma; esta influencia europea en el proceso interno tiene lugar tanto en materia de cooperación judicial entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros así como de aproximación legislativa de normas procesales nacionales. La monografía que ahora se...

La publicación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales supuso un importante cambio en la ordenación de ambas profesiones y, sobre todo, en el acceso a las mismas. Desde que la prueba de acceso se convocó por primera vez se ha venido publicando el practicum de acceso a la abogacía que trata de ser un corpus teórico y práctico con el que abordar el acceso a la abogacía y cuya finalidad ha sido que los aspirantes a la participación en dicha prueba pudieran disponer de los materiales suficientes para la preparación...

Esta obra presenta una síntesis de la evolución histórica del principio de la buena fe y confronta los deberes éticos ínsitos en el ámbito de la adquisición de vivienda por licitación pública o remate en Colombia. Se plantea la tesis de que los terceros adquirentes en procesos judiciales han actuado de buena fe con la confianza que les inspira la adjudicación efectuada por un funcionario del Estado. Por ello, mal pueden sufrir consecuencias a posteriori, que dan al traste con el legítimo derecho de propiedad de este tercero, perjudicado frente a la garantía constitucional otorgada ...