Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (México) (Edición 2019)

Este diccionario pretende responder a la petición de contar con un elenco actualizado de los términos y referencias de uso más frecuentes en el estudio de las instituciones. Se ha incorporado la terminología usual del Derecho público y privado, dedicando una mayor atención a los conceptos, reglas y nociones del Derecho Privado Romano. El jurista puede encontrar en sus páginas una importante ayuda para la búsqueda de antecedentes históricos de las reglas y preceptos del derecho vigente.

El 1 de julio de 2006 entró en vigor para España el llamado Protocolo de Vilna, de 3 de junio de 1999, que modifica el Convenio relativo a los Transportes Internacionales por Ferrocarril (COTIF). De entre las novedades más relevantes destaca la sustitución del anterior Reglamento relativo al transporte internacional ferroviario de vagones de particulares (RIP) por las Reglas Uniformes relativas a los contratos de utilización de vehículos en tráfico internacional por ferrocarril (CUV – Apéndice D del Convenio). A su amparo se elaboró el llamado Contrato Uniforme de Utilización de...

Como acertadamente refiere el Doctor Francisco José Infante Ruiz, quien se encarga de realizar el prólogo de esta obra, el presente libro coordinado por las profesoras Grisel Galiano Maritan y Teresa Delgado Vergara y, en el que participan una serie de abogados y profesores, trata del Derecho de contra­tos en el Código Civil de Ecuador. Pero no sólo eso, hay más. También se mueve en la encrucijada de un Derecho cambiante, que debe responder a una realidad social y económica muy diferente a la que conformó el Código civil de Ecuador en el siglo XIX, el cual casi no ha merecido la...

Este libro está compuesto por una serie de trabajos que, de manera conjunta, proponen la necesidad de construir una Teoría de la Prueba judicial a partir de dos condiciones. En primer lugar, esta debe estar constituida desde los hechos y los problemas planteados por éstos, y no desde las normas, esto es, que no se limite a ver los problemas de prueba como problemas de interpretación de las normas jurídicas que regulen la actividad probatoria.