La protección de testigos en delitos de criminalidad organizada

El Estatuto de Andalucía de 1981, pese a ser una importante referencia para autoridades públicas y para juristas, no establecía una vinculación directa e inmediata con la ciudadanía. De ahí que sus lectores habituales fueran las personas que tenían que trabajar en el ámbito de la Administración con cuestiones competenciales e institucionales. Por el contrario, el Estatuto de 2007 está destinado a tener una mayor difusión y un alcance mucho más amplio. La vinculación de los poderes públicos autonómicos a una tabla de derechos estatutaria le otorga una vida propia al Estatuto...

En esta monografía se explica e interpreta la regulación (poco clara) de la asistencia en el Código Civil de Cataluña, delimitando su ámbito de apli­cación respecto de otras instituciones de protección de la persona, teniendo presentes los principios que informan su régimen jurídico y la importante Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapaci­dad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. Aunque se analiza principalmente el Derecho catalán también se abordan cuestiones relevantes del Derecho estatal. Este libro interesa tanto a los...

El estudio presente, bajo el rotulo "Sostenibilidad y Fiscalidad", constituye un atrevido y lúcido ensayo, muy bien documentado, en el que, tomando como eje principal a los tributos medioambientales, se analizan y denuncian las carencias de todo orden que presentan hoy en día los sistemas tributarios en funcionamiento, de dimensión estatal, y constreñidos a surtir efectos en sus respetivos territorios, para abordar y resolver con eficacia los retos y cuestiones que suscita un mundo globalizado y cada vez más interdependiente, como el actual, en el que muchos problemas requieren...

Las distintas reformas en el ordenamiento procesal, y, en particular, la ley 1564 de 2012 demarcan una nueva exigencia del modelo de juzgador que la realidad ofrece en la actualidad; sin duda es un problema empírico que debe ser abordado con el fin de las instituciones creadas con la operatividad esperada. El funcionamiento de la oralidad impone la necesidad de condiciones de efectivización para que la tutela jurídica efectiva logre sus cometidos a través de la institución procesal, tema que por demás resulta actual, de importancia manifiesta y de interés conceptual y pragmático. Esta ...