La protección de la moda a través de la propiedad industrial e intelectual

Vivir en una sociedad sometida a múltiples e importantes riesgos supone la necesidad de proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente frente a ellos.;Pero garantizar la seguridad de las personas y los bienes en la sociedad actual requiere, además de las actuaciones exigibles a las Administraciones Públicas, que los ciudadanos estén adecuadamente preparados para protegerse frente a riesgos y emergencias que puedan sufrir, por lo que las actuaciones públicas han de verse complementadas con las actuaciones de autoprotección.;La autoprotección puede considerarse como un derecho...

El entorno económico en el que hasta ahora se habían desenvuelto las inversiones en energías renovables era tremendamente favorable, con mucho apetito inversor, financiador y un apoyo incondicional por parte de los Estados. Sin embargo, el entorno ha cambiado en los últimos años de forma radical. Ahora nos enfrentamos a restricciones en la financiación, a costes de fondeo realmente elevados que estrechan notablemente los diferenciales entre los retornos de los proyectos y los costes de su estructura de capital. Pero una vez puntualizado lo anterior, en la comunidad industrial y...

La presente obra trata de ofrecer un análisis sobre las consecuencias de la institucionalización del Consejo Europeo por el Tratado de Lisboa. Al ser el Consejo Europeo una institución eminentemente política el autor ha estudiado el Consejo Europeo desde su creación en diciembre de 1974. Las circunstancias de la creación del Consejo Europeo y su parco tratamiento por el Derecho primario previo al Tratado de Lisboa han obligado al autor a detenerse sobre las funciones que la reunión de Jefes de Estado o de Gobierno ha desarrollado desde su origen hasta la gestión de la crisis del euro, ...

Esta obra de Ricardo Gómez Rivero, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad Miguel Hernández de Elche, es absolutamente novedosa en la bibliografía especializada. Cuando el 9 de marzo de 1820, Fernando VII jura la Constitución de Cádiz obligado por los acontecimientos de Cabezas de San Juan, se retoma el proceso de instalación de ayuntamientos, que debía producirse obligatoriamente en poblaciones de más de 1.000 habitantes, y otras menores siempre que reunieran determinados requisitos legales, asunto ya ensayado en plena Guerra de la Independencia...