La protección de la moda a través de la propiedad industrial e intelectual

La libertad de expresión es un derecho individual, a la par que una garantía del Estado de Derecho, pluralista y democrático. Desde la perspectiva del derecho internacional, las sanciones penales al ejercicio de la libertad de expresión se analizan como restricciones de su ejercicio. La interpretación de tales limitaciones por los órganos y tribunales de derechos humanos delimitan el margen de apreciación de la actividad punitiva del Estado. En la sociedad contemporánea, nos movemos entre supuestos de ejercicio abusivo por parte del Estado (censura, persecución política, dictados...

Esta monografía, la primera de estas características en el derecho español, tiene por objeto el análisis jurídico de estos instrumentos técnicos: la validez y eficacia de la firma digital; la necesidad de certificados que vinculen de forma segura una clave pública a una persona determinada, y la problemática generada por la emisión, distribución, uso y revocación de un certificado hasta su expiración, con especial referencia a las eventuales responsabilidades de los distintos sujetos implicados. Todo ello con un exhaustivo análisis de las fuentes doctrinales y legales existentes...

La irrupción de las nuevas tecnologías ha propiciado una transformación sin precedentes de las estructuras sociales y económicas, convirtiendo el ansiado desarrollo tecnológico en presupuesto indispensable para alcanzar la "cuarta revolución industrial o Industria 4.0" . Este importante cambio de paradigma plantea importantes interrogantes desde el prisma de la seguridad nacional, la garantía y pleno disfrute de los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía o el normal funcionamiento del Estado social y democrático de Derecho. La obra que usted tiene en sus manos pretende...

Esta obra de Ricardo Gómez Rivero, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad Miguel Hernández de Elche, es absolutamente novedosa en la bibliografía especializada. Cuando el 9 de marzo de 1820, Fernando VII jura la Constitución de Cádiz obligado por los acontecimientos de Cabezas de San Juan, se retoma el proceso de instalación de ayuntamientos, que debía producirse obligatoriamente en poblaciones de más de 1.000 habitantes, y otras menores siempre que reunieran determinados requisitos legales, asunto ya ensayado en plena Guerra de la Independencia...