Gobernanza del agua en territorios agrícolas - Estudio de caso en Chile

Sinopsis del Libro

La Subcuenca del río Tinguiririca es parte de la cuenca del río Rapel, en la zona central semiárida de Chile. Siendo vulnerable al cambio climático, ha tenido más de diez años de sequía. Los desafíos y oportunidades a abordar incluyen fortalecer la confianza entre actores, su coordinación efectiva, y la prevención / resolución de conflictos; fortalecer la institucionalidad pública y privada competente; mejorar la planificación del territorio, resguardando el suelo de uso agrícola y regulando de la expansión de riego; reglamentar el uso eficiente del agua y promover la eficiencia de riego, cultivos con menos demanda de agua y el reúso de aguas; generar nueva información, compartirla, integrarla y modernizar su gestión para la toma de decisiones; mitigar la reducción de la pequeña agricultura; salvaguardar la inocuidad del agua en zonas rurales; adaptar la ganadería a la capacidad de carga de los territorios y las condiciones de sequía; actualizar los instrumentos de fomento para la adaptación al cambio climático; mejorar la eficiencia hídrica en territorios agropecuarios; regular la expansión de la demanda conforme con las proyecciones de disponibilidad; asegurar la disponibilidad hídrica para productores agropecuarios; asegurar la disponibilidad hídrica para el consumo humano; conservar patrimonio y servicios hidrológicos.Se ha recomendado promover el resguardo de la seguridad hídrica y alimentaria en las agendas e iniciativas públicas; acordar una planificación estratégica hídrica que armonice el consumo humano y agropecuario, y comprometa el accionar de actores públicos y privados; acelerar la adaptación de las estrategias de desarrollo de las áreas con baja seguridad de abastecimiento hídrico; evaluar los actuales instrumentos de fomento en orden a optimizar su diseño, requisitos y operatoria; acelerar la modernización del riego; impulsar una estructura público-privada de gobernanza de las aguas subterráneas; normar y monitorear la presencia de contaminantes; promover alianzas público-privadas para integrar, divulgar y suplir brechas de información; y fortalecer la colaboración/coordinación intersectorial y la sinergia con los gobiernos locales.