Estudios de Derecho Iberoamericano. Volumen I.

Esta obra de Ricardo Gómez Rivero, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad Miguel Hernández de Elche, es absolutamente novedosa en la bibliografía especializada. Cuando el 9 de marzo de 1820, Fernando VII jura la Constitución de Cádiz obligado por los acontecimientos de Cabezas de San Juan, se retoma el proceso de instalación de ayuntamientos, que debía producirse obligatoriamente en poblaciones de más de 1.000 habitantes, y otras menores siempre que reunieran determinados requisitos legales, asunto ya ensayado en plena Guerra de la Independencia...

El presente estudio propone una comprensión crítica y alternativa de un fenómeno peculiar: la jurisprudencia constitucional que se establece a sí misma como fuente obligatoria del derecho en el caso colombiano. Con la intención de disputar el entendimiento normal provisto por el tradicionalismo jurídico, el autor propone rehabilitar la ideología-jurídica para detectar las operaciones ocultas en el discurso de las fuentes del derecho de la Corte Constitucional. Esta propuesta se encamina a detectar las operaciones ideológico-jurídicas recubiertas por el discurso de la Corte...

Uno de los problemas usuales en Colombia, a la hora de abordar el estudio científico del Derecho penal, tanto general como especial, consiste en advertir la separación, por cierto, muy peligrosa, que se da entre la práctica de la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales o jueces y la academia o la doctrina nacional. Un divorcio que se alimenta de la indiferencia de unos y otros, cuando no de una franca actitud hostil, que tiene consecuencias tanto diversas como imprevisibles en la construcción del Derecho Penal nacional y, desde luego, en la enseñanza de las ciencias penales. Así, por ...

Desde hace varias décadas, los actos de vandalismo ejecutados por estudiantes de las universidades públicas, como mecanismo de protesta contra el gobierno de turno, ha sido una práctica común, que se fortalece como consecuencia de los límites que enmarcan el ejercicio de fuerza por parte del Estado; cuando tiene ocurrencia la manifestación violenta, contraria a la protesta pacífica protegida constitucionalmente, acontecen daños tanto en bienes públicos como privados, dejando a ciudadanos ajenos a la protesta siendo víctimas de daños en su patrimonio, afectaciones que no tienen la...