Estudios de Derecho Iberoamericano. Volumen I.

La entrada en vigor de la Constitución de 1978 desarrollada por las Leyes 11/1981, de 13 de mayo y 30/1981, de 7 de julio supuso una profunda modificación del matrimonio y la familia. El cambio de régimen político y las nuevas medidas de política legislativa facilitaron dicho cambio, aunque no fueron la causa del mismo. El Nuevo Régimen, a través del Código Civil francés de 1804, introdujo en la familia burguesa la disolución del matrimonio por divorcio. Mas fue el profundo cambio cultural de 1968 - a través unas manifestaciones aparentemente lúdicas - el que dio lugar a una nueva ...

Hace algún tiempo, la posibilidad de recorrer el mundo sin movernos de nuestra casa parecía más bien objeto de la literatura y la ciencia ficción. Comunicarnos con quienes están al otro lado del planeta, además de los costos que representaba, era también una tarea dispendiosa. La información se obtenía de las fuentes más próximas, pues resultaba absurdo pensar que se pudiera visitar las bibliotecas más prestigiosas o inclusive comprar libros de autores extranjeros sin pasar primero por un avión. Hoy en día podemos adquirir toda clase de elementos gracias a un simple "click" en...

Esta obra del prestigioso catedrático de Derecho constitucional Jorge de Esteban, nos ofrece el conjunto de las constituciones que han estado vigentes en España, así como el material de trabajo necesario para su estudio, al ir acompañadas de un estudio preliminar sobre las claves de nuestro constitucionalismo, de una amplia bibliografía y de una cronología de relevancia constitucional que abarca desde 1808 hasta nuestros días. © Centro de Estudios Políticos y Constitucionales Plaza de la Marina Española, 9 28071 Madrid © Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado © Jorge de...

Esta obra presenta una síntesis de la evolución histórica del principio de la buena fe y confronta los deberes éticos ínsitos en el ámbito de la adquisición de vivienda por licitación pública o remate en Colombia. Se plantea la tesis de que los terceros adquirentes en procesos judiciales han actuado de buena fe con la confianza que les inspira la adjudicación efectuada por un funcionario del Estado. Por ello, mal pueden sufrir consecuencias a posteriori, que dan al traste con el legítimo derecho de propiedad de este tercero, perjudicado frente a la garantía constitucional otorgada ...