Eficacia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Hay situaciones en que la vida privada de un ser humano parece plantear exigencias que chocan con la necesidad de otros de tener una amplia información sobre lo que sucede en la vida social. El gran desarrollo que han adquirido los medios masivos de comunicación, el estrechamiento de los vínculos sociales dentro de las comunidades humanas modernas, entre otras, conducen a resaltar las ventajas de una información amplia y oportuna, pero los temores de una manifestación social que ahogue los valores personales lleva también a que cobren importancia aspectos de la vida individual que...

"...la atávica mentalidad prohibicionista, enmarañada entre temores reales y problemas imaginarios, se materializa en la violencia represiva y la crueldad carcelera del Estado. Su "guerra contra las drogas" es un fraude del que sus celadores se lucran a la vez que se despoja a la ciudadanía de derechos fundamentales. La prohibición hace más daño a la sociedad que el comercio y consumo de drogas ilegalizadas. La historia nos ha dado la razón y contamos con argumentos jurídicos, éticos y políticos sólidos para ponerle fin en definitiva..."

Esta obra presenta una síntesis de la evolución histórica del principio de la buena fe y confronta los deberes éticos ínsitos en el ámbito de la adquisición de vivienda por licitación pública o remate en Colombia. Se plantea la tesis de que los terceros adquirentes en procesos judiciales han actuado de buena fe con la confianza que les inspira la adjudicación efectuada por un funcionario del Estado. Por ello, mal pueden sufrir consecuencias a posteriori, que dan al traste con el legítimo derecho de propiedad de este tercero, perjudicado frente a la garantía constitucional otorgada ...

Cuando se acaban de cumplir treinta años de la aprobación de la Ley 13/1983, de 24 de octubre, por la que se reformó el Código civil en materia de tutela, nuestro sistema jurídico parece llamado a experimentar un profundo cambio para adaptarse a los postulados de la Convención de Naciones Unidas de los derechos de las personas con discapacidad. La Ley 26/2011 ha modificado numerosas normas del ordenamiento con vistas a dicha adaptación, pero no ha abordado los aspectos jurídico-privados. Queda por tanto pendiente esta tarea del legislador, que ha de tener presentes las directrices de...