Del espíritu de las leyes

Esta Guía tiene como propósito ofrecer una exposición clara y sintética de la regulación del concurso de acreedores. Se trata de una obra particularmente oportuna en un contexto en el que la gravísima crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19 hará del concurso y de las instituciones preconcursales (acuerdos de refinanciación, acuerdos extrajudiciales de pagos, etc.) unos instrumentos imprescindibles para intentar evitar la desaparición de empresas o para ordenar dicho proceso. En consecuencia, esta Guía quiere ser útil para los empresarioS y los operadores jurídicos y ...

Teoría sobre la imposición al valor agregado no es un Tratado ni un libro de exégesis de la Ley del IGV, pero sí uno en el que se pueden encontrar nociones profundas, preguntas, respuestas y referencias a doctrina y jurisprudencia, que —sin duda alguna— irán en auxilio para entender lo que supone un Impuesto al Valor Agregado e interpretar con mayor solidez la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo (IGV).

Han transcurrido ya más de cinco años desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. Texto normativo en el cual se defiende que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer. Partiendo de este objetivo, el legislador instauró un mecanismo...

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.Con la actualización de cifras establecida por Orden HFP/1298/2017, de 26 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2018.